I+D Revista de Investigaciones
ISSN 2256-1676 / ISSN en línea 2539-519X
Volumen 17 Número 1 Enero-Junio de 2022 pp. 71-84
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Desminado Humanitario: impacto socio-
económico en el municipio de Sabana de
Torres de Santander, Colombia
1
Humanitarian Demining: Socio-economic impact in the
municipalities of Sabana de Torres of Santander, Colombia
Elcida Muñoz Villamizar
2
, Pedro Elías Ramírez
3
Artículo recibido en noviembre 11 de 2020; artículo aceptado en agosto 10 de 2021
Este artículo puede compartirse bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional y se referencia
usando el siguiente formato: Muñoz, E y Ramírez. P. (2022). Desminado Humanitario: impacto socio-económico en el municipio de Sabana de
Torres de Santander, Colombia. I+D Revista de Investigaciones, 17(1), 71-84.
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Resumen
En el artículo se analiza el impacto del Desminado Humanitario en el municipio de Sabana de Torres; siendo uno de
los primeros territorios del Departamento de Santander en ser declarado libre de sospecha de minas antipersonales.
Para esto se realizó un análisis documental, utilizando 33 investigaciones entre ellas los procedimientos técnicos del
desminado humanitario, antecedentes de la localidad, el Índice de Competitividad Municipal de la localidad, las
estadísticas delictivas en el periodo comprendido del 2014 al 2019 y medidas complementarias como la restitución de
tierras y los proyectos productivos necesarios en el escenario del posconflicto. Se identificaron los cambios, resultados
y alcances del proceso, destacando la importancia del desarrollo del desminado humanitario como mecanismo de
recuperación territorial y la mitigación de las afectaciones multidimensionales dadas por estos artefactos, garantizando
la habitabilidad y productividad de las tierras en conjugación con políticas integrales del orden regional y local para la
reconstrucción social.
Palabras clave: Conflicto armado, derechos humanos, desminado humanitario, desarrollo económico y social, minas
antipersonales.
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Abstract
The article analyzes the impact of humanitarian demining in the municipality of Sabana de Torres, one of the first
territories in the Department of Santander to be declared free of suspected antipersonnel mines. For this purpose, a
documentary analysis was conducted, identifying the technical procedures of humanitarian demining, the background
of the locality, the Municipal Competitiveness Index of the locality, crime statistics in the period from 2014 to 2019,
and complementary measures such as land restitution and productive projects necessary in the post-conflict scenario.
The changes, results, and scope of the process were identified, highlighting the importance of the development of
humanitarian demining as a mechanism for territorial recovery and mitigation of the multidimensional affectations
1
Artículo de investigación, diseño no experimental, enfoque cualitativo, resultado de un proyecto de investigación culminado, perteneciente al área
de Ciencias Sociales y humanidades, subárea de Posconflicto, desarrollado en el Grupo de Investigación VIDOCQ, fue financiado por la Universidad
de Investigación y Desarrollo -UDI- (Bucaramanga, Colombia). Dirección: Calle 9 N° 23-55, PBX: 6352525. Fecha de inicio: marzo 2020. Fecha
de terminación: noviembre 2020.
2
Magister en Fiscalidad Internacional, Universidad Internacional La Rioja. Vinculado al Grupo de Investigación VIDOCQ, Universidad de
Investigación y Desarrollo -UDI- (Bucaramanga, Colombia) Dirección: Calle 9 N° 23-55, PBX: 6352525. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-
2400-1705 Correo electrónico institucional: emunoz6@udi.edu.co.
3
Ph. D Política Moderna e Historia Contemporánea, Universidad Pablo de Olavide Sevilla, España. Líder Grupo de Investigación VIDOCQ,
Universidad Instigación y Desarrollo -UDI- (Bucaramanga, Colombia) Dirección: Calle 9 N° 23-55, PBX: 6352525. ORCID ID: https://orcid.org/
0000-0001-8002-662X Correo electrónico institucional: pramirez6@udi.edu.co
Elcida Muñoz Villamizar, Pedro Elías Ramírez
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given by these artifacts, ensuring the habitability and productivity of the lands in conjunction with comprehensive
policies of the regional and local order for social reconstruction.
Keywords: Armed conflicts, human rights, humanitarian demining, economic and social development, antipersonnel
mines.
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Introducción
El conflicto armado colombiano se desarrolla en
condiciones similares a nivel global, dentro de sus
estrategias se encuentra el empleo de las minas
antipersona (MAP) como armas de ataque, su uso se
popularizó en razón a su pequeño tamaño y peso liviano,
facilitando así su transporte, instalación, activación y
camuflaje superando los sistemas de control; las MAP
generan una afectación multidimensional no solo en las
víctimas directas en un alto porcentaje de la población
civil, con el daño físico y psicológico sufrido por el
individuo sino del quebrantamiento de orden social y
económico de la población donde se han presentado los
eventos.
Dado el interés internacional de erradicar el uso de las
MAP y sus afectaciones, se desarrolla el tratado de
Ottawa para la prohibición del empleo, transporte,
fabricación y comercialización de las minas antipersonal,
al cual se suscribe Colombia en el año 1997, (Convención
de Ottawa, 1997) implementando el proceso de
Desminado Humanitario en sus inicios con instituciones
de orden nacional con la creación del Batallón de
Desminado Humanitario (BIDES) hoy Brigada de
Ingenieros de Desminado Humanitario N°1 -BRDEH- y
la Agrupación de Explosivos y Desminado de la
Infantería de Marina - AEDIM, en la actualidad se
encuentran además 9 organizaciones del orden civil y
algunas internacionales participando en este proceso a lo
largo del territorio Nacional, en cumplimiento de los
requerimientos y normas establecidas para la
certificación dada por el Gobierno Nacional.
En el año de 2014 el Batallón de Desminado Humanitario
N°3 destinado a Santander comienza a realizar sus tareas
en el municipio de Sabana de Torres y para el 2017 fue
declarado municipio libre de sospecha de minas
antipersonales; de donde nace el interrogante en el cual
se enmarca la presente investigación: ¿cuál ha sido el
impacto en términos de desarrollo socio económico y del
índice delictivo del desminado humanitario en este
municipio?
El proceso de desminado sigue avanzando en el
cubrimiento del territorio nacional y en el departamento
de Santander actualmente se realiza en 14 municipios y
por ello es importante abordar los resultados y casos
positivos para ser replicados.
En el plano disciplinar de las Ciencias Sociales análogo
interés ha despertado en el problema del conflicto armado
el tema de los costos, las experiencias y el valor o
impacto del desminado humanitario. En ese cuadro cabe
subrayar sin ser exhaustivos cuatro tópicos: 1) el valor
económico de la paz y cómo medirla en términos
económicos (Schippa, 2010), 2) la magnitud y forma que
asumen los costos en el conflicto interno armado
(Álvarez & Rettberg, 2008), 3) las experiencias
significativas del desminado humanitario, estrategias y
buenas prácticas en el marco del conflicto armado
colombiano (Macías Montoya & Corcione Nieto, 2020),
4) el impacto del conflicto armado en la actividad
productiva de los departamentos del país y sus
respectivas variaciones en un posible contexto de
posconflicto (García & Quiroga, 2017).
En las siguientes secciones se presenta la metodología
utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones del
estudio.
Metodología
El estudio tiene un enfoque cualitativo, alcance
descriptivo-exploratorio y diseño no experimental, dado
que se enmarca en la revisión teórica y el análisis de datos
respecto al antes y después del proceso de desminado
humanitario.
El análisis incluyo 33 documentos de suma importancia,
que abordan la temática en el municipio de Sabana de
Torres, entre ellos el Índice de Competitividad Municipal
Santander 2018-2019 (Cámara de Comercio de
Bucaramanga et al., 2019), los planes de desarrollo
municipal 2016-2019 con 2020-2023 (Concejo
Municipal Sabana de Torres, 2016, 2020) y las
estadísticas delictivas del municipio de Sabana de Torres
del año 2014 al 2019, obtenidos de fuentes oficiales. La
selección de estos documentos se realizó considerando
que contienen información que apuntan al desarrollo del
objetivo de investigación pues aportan los elementos
necesarios para la obtención de resultados y alcances.
Materiales e instrumentos
Se concibió y desarrolló en torno a los lineamientos de
Hernández et al., (2014) desde la construcción de un
marco teórico de los aspectos socio económicos de la
población, así como del proceso del desminado
Humanitario, con la recolección de información de las
páginas oficiales y requerimientos de información
específica realizados a las instituciones.
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Para el análisis documental se utilizó Excel (hojas de
cálculo y gráficas) mediante el cual se realizó el análisis
descriptivo-comparativo de los datos, de acuerdo con
Kalman & Rendón, (2016) “una de las ventajas de las
hojas de cálculo es que ponen en juego los datos desde
diferentes ángulos y favorecen su triangulación,...
facilitan la realización de búsquedas y agilizan la
depuración de las categorías de análisis....” (p. 33).
Procedimiento
La investigación se desarrolló siguiendo las siguientes
fases: (a) se organiza un marco teórico como sustento del
origen del proceso del desminado humanitario, su
metodología, procedimiento y alcances. (b) Se recopiló
la información correspondiente al municipio de Sabana
de Torres principalmente de su historia, (c) análisis de los
planes de desarrollo 2016-2019 con 2020-2023 buscando
diferencias relevantes en los aspectos de desarrollo de la
localidad; (d) se realizó el análisis de los índices
delictivos 2014-2019. Las condiciones de ruralidad y las
medidas tomadas por la pandemia del COVID 19
dificultaron la comunicación directa con las víctimas por
tanto esta investigación no cuenta con las voces de las
víctimas. Es importante una vez desarrollado el proceso
de desminado dar continuidad en la construcción de una
estrategia integral que permita fortalecer todos los
componentes sociales de acuerdo a las características de
cada población.
Resultados del análisis de los datos
Conflicto armado en Colombia
Colombia ha tramado su historia con diferentes eventos,
unos marcados por la violencia y al conflicto armado
interno, con la participación de diferentes actores como
el crimen organizado, delincuencia común, autodefensas,
guerrilla, así como el narcotráfico (Acevedo Suárez &
Rojas Castillo, 2016; Pecaut, 1997; Restrepo & Aponte,
2009), los cuales han dejado una huella profunda en las
poblaciones afectadas a lo largo del territorio nacional,
algunas con mayor intensidad y con índices de
criminalidad muy por encima del promedio.
En el marco del conflicto armado se han evidenciado
constantes cambios relacionados directamente con “los
planes de expansión, fortalecimiento y adaptación de los
grupos guerrilleros”, las actividades de control
implementados por el Estado colombiano para
restablecimiento del orden, “contrarrestar su accionar, la
relación de fuerza entre los actores del conflicto y el
desarrollo de diálogos de paz” (Prieto et al., 2014, p. 9).
Es imprescindible reconocer en el conflicto armado una
dinámica de violencia para ejercer el control sobre la
población, a través de ataques a la fuerza pública que
involucran directamente a la comunidad, el
desplazamiento forzado, secuestros, masacres,
extorsiones, homicidios, reclutamiento de menores y
víctimas de minas antipersonales entre otras; dejando a
su paso un alto impacto humanitario representado en
innumerables elementos de afectación en las víctimas,
entendiendo los daños y secuelas de carácter, físico,
psicológico y económico ocasionados en las víctimas
directas y en las pérdidas materiales, deterioro social y
desvanecimiento de la economía de la población en
general, así como el alto daño ambiental ocasionado
producto de los atentados contra las zonas de
exploración, explotación y transporte petrolero,
eléctricas, comunicaciones, las multinacionales, la
explotación minera y la estructura económica,
caracterizado por ser ataques de bajo esfuerzo militar
propios del accionar político y militar de los grupos
guerrilleros pero tiene la capacidad de desgastar la fuerza
pública; el uso de las zonas de frontera son de lejos las
más afectadas por la violencia (Pecaut, 1997, p. 5-6).
Zonas como el Catatumbo, Tumaco y Putumayo
aprovechadas por la facilidad de movilizarse a otras
regiones sin ser detectados, brindando importante ventaja
para desarrollar actividades ilícitas relacionadas con el
tráfico de armas y de drogas (Prieto et al., 2014, p. 40).
La lucha del Estado dirigida a la disminución en la
capacidad militar y territorialidad, minimizando su
accionar armado a través de la puesta en marcha de
planes y operaciones de la fuerza pública desde el 2003,
logrando los más bajos índices en el 2006 (Echandía &
Salas, 2008, p. 37); logrando así en primera instancia la
presencia estatal con el ingreso de la fuerza pública e
instituciones locales en las diferentes poblaciones y la
disposición para entablar negociaciones y el proceso de
paz con la participación de organizaciones
internacionales, entrando en la etapa del postconflicto
como actualmente se evidencia.
El conflicto armado se desarrolla con la presencia de tres
actores, por un lado, el Estado a través del trabajo de la
fuerza pública en la recuperación del territorio,
gobernabilidad y confianza de la población civil, segundo
los grupos guerrilleros, paramilitares y delincuencia
organizada en su estructuración, accionar y reacción ante
las dinámicas del Estado y tercero, la postura de la
población civil dirigida a no salir afectada en medio de
los enfrentamientos, polaridad o vinculación con alguno
de los grupos al margen de la ley.
Según información de la Base de Datos del Conflicto de
la Fundación Ideas para la Paz FIP:
Entre 1999 y 2002, el 57% de la actividad
armada tanto de guerrillas como de la fuerza
pública se concentraba en ocho departamentos
(Antioquia, Meta, Arauca, Cundinamarca,
Caquetá, Cauca, Huila y Putumayo); entre 2003
y 2007 siete departamentos concentraron el 57%
de la actividad y a diferencia del lapso anterior,
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Cundinamarca, Arauca y Huila dejaron de ser
zonas activas mientras que Nariño y Tolima se
posicionaron como lugares de confrontación
armada. Entre 2008 y 2010, el mismo número
de departamentos concentraron el 62% de las
acciones del conflicto armado (Meta, Cauca,
Antioquia, Caquetá, Nariño y Arauca); y entre
2011 y 2012 se pasó a cinco departamentos que
concentraron el 61% de la intensidad del
conflicto (Cauca, Meta, Antioquia, Caquetá y
Nariño). Finalmente, la Base de Datos del
Conflicto de la FIP indica que en 2013 el 62%
de la actividad armada se concentró en cinco
departamentos Cauca, Putumayo, Antioquia,
Nariño y Caquetá (Prieto et al., 2014, p. 22).
Los programas desarrollados de forma consecutiva desde
el gobierno nacional para el reingreso y fortalecimiento
de la fuerza pública, focalizado en las poblaciones con
mayor incidencia de enfrentamientos y presencia de los
grupos armados, han permitido la recuperación del
control de dichos territorios, la reducción paulatina de
enfrentamientos y lugares de concentración del conflicto
en pocos departamentos; si bien significa la presencia aún
de estos grupos y de actividades delictivas asociadas,
también reconoce el control asumido en las zonas donde
antes era casi imposible su ingreso, zonas con especiales
riquezas naturales sin poder ser aprovechada hasta el
momento por sus habitantes para el crecimiento social y
económico.
La actividad delincuencial en cualquiera de sus tipologías
representa un reto para los entes de control, en la
constante búsqueda e implementación de mecanismos
que garanticen la seguridad y convivencia ciudadana
contrarrestando la permanente mutación del accionar
delictivo, los efectos directos a las víctimas y
transversales a la comunidad en general.
Dicho lo anterior, es tiempo acentuar otro aspecto, el
conflicto armado hacia la primera década dejaba como
resultado un contexto de muchos desafíos, al cierre de la
primera década del siglo XXI, “el impacto económico
total del cese de la violencia habría sido de 28 billones de
dólares estadounidenses para los últimos cuatro años
(2006-2009). El 12,9% del producto mundial bruto”
(Schippa, 2010, p.74). Una cifra cuyo valor económico
supera a las que podría dejar las dos experiencias
analizadas aquí.
Cuantificar los efectos económicos tanto del desminado
humanitario como del conflicto armado, se vuelve una
tarea necesaria para diversas instituciones estatales y
académicas (Álvarez & Rettberg, 2008, p. 32). Sin
embargo, exige atender un componente de análisis, “el
conflicto armado no ha sido el principal actor del
desarrollo económico colombiano”, (García & Quiroga,
2017, p.55) menos en una economía del posconflicto,
cuando los autores atribuyen como motor de dicho atraso
a la deficiente gestión pública. Cuestión que no es el caso
de las experiencias del desminado humanitario en las
zonas examinadas; más bien encaja dentro de cierta
confianza de lo que se espera lograr afín a otras
experiencias cuando,
los desminadores reconocen los efectos del
impacto social que tiene su labor para el retorno
de las comunidades a sus lugares de origen, para
que sea posible la devolución y recuperación de
tierra productivas que habían sido abandonadas
por el riesgo de presencia de MAP y MUSE
(Macías Montoya & Corcione Nieto, 2020, p.
171).
Minas antipersonales
A través del desarrollo del conflicto armado se ha
reconocido el uso de las MAP, como un mecanismo cuyo
uso tiene como fin generar dolor, incertidumbre, terror,
zozobra, pérdidas humanas y materiales, impedir el
ingreso de los entes del Estado y a la postre erosionan el
desarrollo de toda comunidad donde han sido empleadas
estas armas. Las zonas de uso de las minas antipersonales
se caracterizan por ser generalmente de difícil acceso y
en condiciones de atención médica precaria, sin los
mecanismos de atención básicos; los efectos en las
víctimas se dan sin distinción alguna, por lo que hacer
uso de estos elementos es una clara violación a los
Derechos Humanos y una infracción del Derecho
Internacional Humanitario (Acción Integral contra minas
Antipersona AICMA, 2020d), Convención de Ottawa,
1997, párr. 2). El nivel de efectividad de las minas
antipersonales sobre la fuerza pública y la población
civil, deja a su paso un alto índice de desplazamiento y
abandono de tierras en las zonas del conflicto armado.
Las minas antipersonales se encuentran clasificadas
como un tipo de armamento terrestre peligrosamente
efectivo, cuya activación se hace a presión con un
pequeño peso, tiene como finalidad principal incapacitar
al enemigo, causando lesiones de gravedad musculares y
de órganos internos, mutilaciones, quemaduras y hasta la
muerte; generando un colapso tanto en los servicios
médicos como en la moral de las tropas enemigas, así
como en la población civil (Acción Integral contra minas
Antipersona AICMA, 2020a; Convención de Ottawa,
1997, art. 2). Los desafíos enfrentados por las víctimas de
los artefactos explosivos son a largo plazo como
discapacidad, afectación psicológica o exclusión
económica y social (Campaña Colombiana contra Minas,
2014, p.1).
La mina explosiva cuya activación se realiza al ser pisada
directamente por la víctima, es la más empleada, sin
embargo, también se emplean aunque con menor
frecuencia las minas direccionales de fragmentación y las
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minas saltadoras con un rango de acción más amplio
logrando matar o mutilar no a una sino a grupos de
personas ubicadas en su letal radio de acción (Cauderay,
1993, parr, 7) se caracterizan por poder ser adquiridas a
un bajo costo, pequeñas y livianas lo que implica
facilidad en su transporte, camuflaje y manejo.
Información suministrada en la página web de la Cruz
Roja Internacional, se encuentra que:
Se calcula que hay más de 110 millones de
minas repartidas en más de 64 países (la
mayoría en África). Cada año más de veintiséis
mil personas mueren o sufren traumáticas
mutilaciones debido a las explosiones de estas
armas. Pueden permanecer activas durante más
de cincuenta años después del fin de un
conflicto.... Como resultado de los conflictos
armados no internacionales y las guerras
presentadas en países como Camboya (10
millones de minas; uno de cada 236 ciudadanos
está mutilado), Angola (9 millones de minas;
uno de cada 470 habitantes está mutilado)
Bosnia-Herzegovina, Afganistán, El Salvador,
Nicaragua, Colombia (En 2009 se reportaron un
total de 777 víctimas de minas antipersona en
Colombia), Perú (en sus fronteras con Ecuador
y Chile), Sudán, Mozambique, Somalia, Irak y
Sahara Occidental (Comité Internacional de la
Cruz Roja, 2012, párr. 2).
Razón por la cual diferentes instituciones internacionales
se han dado a la tarea de generar controles para el uso de
este material y facilitar la intervención de las zonas
afectadas con miras a minimizar los riesgos generados.
Para el caso de Colombia como lo planteado por Arango,
(2010) se presentan alrededor de 1000 víctimas por MAP
y artefactos Explosivos (AEI) cada año, superando los
índices internacionales, su uso se agudizó en los
enfrentamientos por parte de las FARC y la fuerza
pública entre 2011 y 2013 (párr. 1). Los eventos de
víctimas por MAP en la actualidad están dados en por los
cercos instalados por la guerrilla para evitar el ingreso de
la fuerza pública e impedir la erradicación manual y las
MAP dejada abandonadas posterior al término del
conflicto y en la ausencia de una referencia de su
ubicación, siguen ocasionando daños en la manipulación
y activación accidental, originando una amenaza latente
e impide el uso, recuperación y explotación de la tierra y
con ello en un constante impedimento en el desarrollo
económico y social; se convierte de esta manera, en un
imperativo social y gubernamental, realizar el proceso de
desminado en las zonas afectadas, proceso de alto costo
y cuyo fruto se da solo a largo plazo.
En términos del análisis también se generan tareas
pendientes para entender y comprender sus alcances en
el corto y mediano plazo. Por ejemplo, dentro de los
circuitos comerciales y dominio territorial del municipio
de Sabana de Torres, se debe caracterizar en un antes y
después del desminado humanitario los usos de la tierra,
las actividades productivas comprometidas con la guerra,
tal como los efectos sobre la economía local y nacional,
esto comporta no solo un examen de los sectores sociales
afectados y variación en la estructura familiar, sino
también en esos alcances propicios del desminado
humanitario (DH), que podrían gravitar entre redefinir las
relaciones de la ciudad con el campo, abrir proyectos
productivos y de desarrollo, así como reparar los daños
al medio ambiente, disminuir a fin de cuentas los gastos
del Estado por indemnizaciones a población afectada y
gastos para destruir las minas antipersonales. Lo cual
principia por la aplicación de los pactos internacionales.
Los estudios realizados con relación a los daños causados
por las minas o artefacto explosivos al medio ambiente
son escasos, sin embargo se ha podido determinar lo
efectos dañinos ocasionados como la erosión por la
pérdida de capa del horizonte más productivo, mayores
concentraciones de nitrato y nitrógeno amoniacal por
encima de los valores requeridos para la actividad
agrícola y generadores de afectaciones a la salud animal
y humana, destrucción de flora y fauna, alteración y
remoción en la composición de las muestras de suelo, los
daños ocasionados están directamente relacionados con
la tipologías de explosivo, profundidad y cantidad
empleada (González Forero et al., 2020, p. 5).
Tratado de Ottawa
El uso de las minas antipersonal se desarrolló a nivel
mundial, presentando un alto índice de victimización y
de impacto humanitario, en razón a ello se dio origen al
Tratado de Ottawa, como mecanismo para la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y trasferencia
de minas antipersonales y sobre su destrucción, a través
del proceso de desminado humanitario a lo largo y ancho
de cada Estado afectado por el conflicto armado interno
o a nivel internacional con fundamento en el Derecho
Internacional Humanitario (DIH). El Tratado de Ottawa
en su artículo aclara como no incluye las minas contra
carro o anti vehículos, ni las municiones "detonadas a
distancia" (Convención de Ottawa, 1997).
La Convención, tiene una característica especial por
incluir la provisión de asistencia a las víctimas, logrando
así trascender a un Tratado de Desarme Humanitario; la
Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997
en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999. El
tratado logró tal impacto que obtuvo el Premio Nobel de
la Paz en 1997; para Colombia posterior a su firma y
ratificación, entró en vigor el 1 de marzo de 2001; se
implementó toda la base jurídica a través de la ley 759 de
2002 y Decretos Reglamentarios, para la realización del
desminado humanitario abordando todo el esquema de
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recopilación de información, educación y atención
integral a Víctimas (Acción Integral contra minas
Antipersona AICMA, 2020b, parr. 5).
Ley 1448, (2011), en su artículo 3 determina quienes son
considerados como “víctimas” y es importante resaltar
varios aspectos, en primer lugar habla de “individual o
colectivamente” reconociendo la injerencia de la
problemática no solo para el individuo sino
comprendiendo el entorno; en segundo lugar especifica
la fecha desde la cual se hace el reconocimiento
contemplando “a partir del 1º de enero de 1985,” (p. 1);
en tercer lugar contempla en el parágrafo 1 las
condiciones de reconocimiento económico para los
miembros de la fuerza pública y en el parágrafo 2 los
integrantes de los grupos armados organizados al margen
de la ley que no se consideran víctimas (p. 2) Teniendo
correlación a las consideraciones de la normativa
internacional sobre violaciones de Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El proceso de extracción y destrucción de las MAP
implica costos muy elevados y grandes riesgos, bien sea
de tipo operacional o humanitario; comprendiendo desde
costos de personal, equipamiento y capacitación tanto
para los encargados de retirar las minas de acuerdo a los
protocolos y estándares internacionales para su
destrucción, así como para la educación en manejo de
situaciones en las cuales estos elementos sean
encontrados, dirigidos especialmente a los niños. A pesar
de los grandes avances científicos para la ubicación de
este material las condiciones geográficas características
del país hacen que la gran mayoría de estos equipos no
sean funcionales haciendo más difícil y lenta la
reactivación de los territorios.
Desminado Humanitario
La finalidad del desminado humanitario va más allá de la
destrucción de las MAP, “Los retos del proceso de
desminado humanitario incluían entre otros garantizar la
seguridad a los habitantes, reparar la infraestructura y la
institucionalidad pública destruidas, implementar planes
de desarrollo local orientados a reconstruir la economía
local e impartir justicia (...)” (Cabrera Albornoz &
Pachón Muñoz, 2017. p. 81), ello implica un
conglomerado de acciones minuciosas de ubicación,
mapeo, recolección de información e identificación de las
víctimas y zonas contaminadas; el desarrollo del proceso
de ubicación y extracción de las minas antipersonales se
puede observar en el vídeo de Informativo Insignia
(2016) el cual relata el paso a paso para desarrollar esta
actividad. En Colombia se encuentran diferentes
instituciones desplegadas a lo largo y ancho del territorio
nacional, inicialmente se creó y destino la Brigada de
Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 del Ejército
Nacional y la Agrupación de Explosivos y Desminado de
Infantería de Marina (AEDIM) de la Armada Nacional,
posteriormente se incluyeron diferentes organizaciones
algunas de carácter no gubernamental e internacional,
para el desarrollo de la actividad en observancia de los
estándares internacional y reglamentación nacional, a la
fecha, se cuenta con 11 organizaciones acreditadas
(Acción Integral contra minas Antipersona AICMA,
2020b, parr. 4).
En razón a la complejidad y los riesgos presentados en el
proceso de desminado humanitario, Colombia desarrollo
un convenio con la Organización de Estados Americanos
(OEA), a través de la oficina de MAP-OEA en Colombia
para el monitoreo permanente en cumplimiento de los
requerimientos y estándares establecidos, capacitación
entrenamiento y evaluación del personal, máquinas y
caninos detectores de minas, en cada una de las diferentes
fases. En la actualidad se encuentra en aplicación del
Plan de Operaciones de Desminado Humanitario 2020-
2025, contando con la participación de 2 organismos
internacionales como garantes de la gestión de calidad y
la asistencia técnica para facilitar el cumplimento de las
metas trazadas, a la fecha se han despejado 6.757.643.27
m² (Acción Integral contra minas Antipersona AICMA,
2020b, parr. 9).
El desarrollo del desminado humanitario se compone de
3 FASES: 1. Estudio no técnico (ENT), 2. Estudio
Técnico. 3. Despeje. Está ultima quizás la más compleja
y de mayor riesgo dirigida a remover y/o destruir todas
las MAP y MUSE; se desarrolla a través de varias
técnicas a saber: a. Manual: realizada por los
desminadores, personas entrenadas para la inspección
manual del terreno, quienes realizan la búsqueda en
sendas de despeje para localización y posterior
disposición de AE, detector de metales y una sonda o
equipo de excavación. Es una labor de alto riesgo por lo
que se realiza previamente la selección de personal y su
capacitación en acatamiento de los estándares y normas
de ejecución del procedimiento. b. Mecánico: empleo de
equipos barreminas manipuladas a control remoto lo que
permite minimizar los riesgos de afectación y se hace un
mayor cubrimiento en menor tiempo. Pero por su peso no
son de fácil transporte y acceso en determinadas zonas;
c. Canino: se hace el cubrimiento del terreno con caninos
entrenados para la detección de los explosivos. Si bien el
proceso técnico del desminado humanitario tiene
establecido claramente su desarrollo, no deja de ser una
actividad de alto riesgo para el personal comprometido
con la tarea de despeje, el evidente daño ambiental
justificado en la prevención de daños y afectaciones
humanas, es otro de las circunstancias agravantes del uso
de las minas antipersonales (Acción Integral contra
minas Antipersona AICMA, 2020a).
Toda esta actividad se complementa con la Educación en
el Riesgo de Minas (ERM) basado en la pedagogía para
la sensibilización y fomento de la cultura de
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comportamientos seguros, buscando cambios de
comportamientos y la gestión del riesgo comunitario.
En aplicación al Tratado de Ottawa se estructura la
asistencia a las víctimas a través de la Ruta de Atención
cuya finalidad es articular las entidades responsables en
la asistencia integral (Asistencia, Atención y
Reparación), y como característica especial contempla
una ruta especial para la atención de los niños, niñas y
adolescentes víctimas de MAP/MUSE.
Departamento de Santander
De acuerdo a Echandía et al., (2002) las múltiples
expresiones presentadas en el conflicto armado el
departamento de Santander hizo parte de los 11
departamentos con mayor afectación por acciones de los
grupos armados ilegales, aportando un 7% después de
Antioquia (17%) y Arauca (10%) (p. 12). Condiciones
determinantes en la crisis humanitaria reflejada en altos
índices de desplazamientos, abandono de las tierras
obligados o por temor a ser víctimas en medio del uso de
dichos dispositivos.
El Observatorio de Minas Antipersonal, (2003) presenta
el registro nacional de población desplazada por la
violencia, recopilada por la Red de Solidaridad Social
señalando:
En Santander, hasta el 15 de diciembre de 2002,
se desplazaron 29.561 personas (6.554 hogares)
hacia otros departamentos; a la misma fecha
habían arribado 45.823 personas que equivalen
a 10.251 hogares. Entre 1990 y diciembre de
2002 se presentaron en el departamento un total
de 374 eventos (277 accidentes, 97 incidentes)
causados por minas antipersonal o por
explosivos abandonados sin detonar. [...]
equivalentes al 18.6% de los 2.006 presentados
en el mismo período a nivel nacional (p. 2).
En atención a los altos índices presentados, el
departamento fue incluido en el desarrollo del
Desminado Humanitario cuya actividad comenzó en el
año 2011, declarando 32 municipios libres de sospecha
de minas Antipersonales y en 14 municipios se
encuentran adelantando dicha actividad (Acción Integral
contra minas Antipersona AICMA, 2020b, parr. 8).
Municipio de Sabana de Torres
Sabana de Torres está ubicado en el corredor del
Magdalena Medio, al noroeste del departamento de
Santander, a 110 km de Bucaramanga -capital del
departamento-, población con base certificada Nacional -
Corte abril 2020 - Cuarto Corte Resolución 3912 de
2019. Población Urbana 19.445. Población Rural 11.870,
para un total de 31755 a 2019. Las actividades
económicas y agropecuarias principales del Municipio de
Sabana de Torres son del sector primario, entre ellas la
agricultura, la ganadería de doble propósito y los cultivos
de palma.
En el sector agropecuario los cultivos de arroz,
frutales y otros en mediana producción como la
yuca y el maíz. El desarrollo de Sabana de
Torres se ha dado por la perspectiva de medios
de producción e infraestructura como los
hidrocarburos, la apertura de la Troncal del
Magdalena Medio hoy llamada Ruta del Sol,
incrementando la agricultura y la ganadería de
doble propósito. En la parte agrícola la Palma
Africana productora de Aceite genera el mayor
número de áreas sembradas, apoyados por
asociaciones como ASOPALSAT, Empresas
particulares como INDUPALMA, PALMAS
BUCARELIA y PALMEROS DE PUERTO
WILCHES (Concejo Municipal Sabana de
Torres, 2020, p. 50).
El transporte aéreo no se encuentra habilitado hasta no
cumplir con el reglamento Aeronáutico. En materia de
transporte terrestre se cuenta con un buen servicio
intermunicipal y veredal cubriendo las rutas de acceso al
municipio desde los diferentes lugares del territorio
nacional.
El municipio cuenta con el CABILDO VERDE
SABANA DE TORRES, organización reconocida
jurídicamente por el Ministerio de Agricultura, de
carácter comunitario y sin ánimo de lucro, cuya
Misionalidad ha permitido la participación ciudadana y
la articulación de todas las autoridades locales en la
protección, conservación , recuperación de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, generando
importantes resultados en la educación ambiental,
protección de los ecosistemas y conservación de fuentes
hídricas entre otros (Cabildo Verde de Sabana de Torres,
2020, parr. 7-8).
Sabana de Torres se vio abocado a una violencia
protagonizada por la presencia de guerrilla a finales del
año 1982 y posteriormente llegaron los grupos de
autodefensas en cuyos enfrentamientos y persecuciones
sembraron terror con el asesinato de simpatizantes de
corrientes de oposición política, concejales, integrantes
de la Unión de Mujeres Demócratas UMA, dirigentes
Sindicales, atentados contra las sedes del Sindicato
Agrario, en la década de los noventa se vieron
directamente perseguidos los militantes de la Unión
Patriótica UP; en 1987 fue asesinado el alcalde de la
localidad Doctor Álvaro Garcés Parra, militante de la UP
junto con dos de sus escoltas y una mujer que se
encontraba en el mismo lugar. Los funcionarios públicos
también fueron víctimas de asesinato y atentados
(información suministrada por la Alcaldía Municipal de
Sabana de Torres).
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En 1989 el Comité Regional de Derechos Humanos fue
una de las primeras organizaciones en brindar apoyo a las
víctimas de los crímenes perpetrados. Las víctimas se
siguen presentando con el aumento de los casos de
homicidios, desapariciones y desplazamiento de familias
completas quedando casi sola la población aunada al
ambiente de toque de queda para minimizar los riesgos
de ser víctima de los hechos de violencia.
Debido a la historia de violencia y a la
afectación que esto trajo para el desarrollo del
Municipio, Sabana de Torres fue declarada
según el Decreto Nacional 1650 de 2017
Municipio ZOMAC (Zonas más Afectadas por
el Conflicto Armado), lo que le permite acceder
a estímulos a la inversión mediante incentivos
tributarios para las empresas y nuevas
sociedades que desarrollen allí su actividad
económica (Gobernación de Santander, 2020, p.
74).
De acuerdo a lo manifestado por el comandante del
Batallón de Desminado Humanitario N°3 para el 2017
“En Sabana de Torres encontramos y destruimos 13
minas antipersonal y una munición sin explosionar, se
despejaron manualmente 78.787 metros, correspondiente
a 1.428.000 m² liberados de sospecha de minas"
(Gobernación de Santander, 2017, párr. 3). En la Tabla 1
muestra los eventos presentados en el municipio con
minas antipersonales elaborada de acuerdo a la
información estadística presentada por la oficina de
descontamina Colombia.
Tabla 1.
Eventos por minas antipersonales en Sabana de Torres.
Tipo De Eventos
Años Comprendidos
Numero De
Eventos
Accidentes Por Map
2000-2010
23
Desminado Militar
Operaciones
1990-2013
19
Incautaciones
1991-2009
12
Sospecha De Campo
Minado
2007-2016
18
Total
1990-2016
72
Fuente: Tomado de (Acción Integral contra minas Antipersona
AICMA, 2020c).
Análisis socio-económico
La población del municipio de Sabana de Torres presenta
una disminución notoria del año 2014 al 2017, en el año
2018 se da el aumento contrastando con la finalización
del proceso de desminado humanitario y declaración de
“municipio libre de sospecha” continua su aumento en el
2019 llegando a 31.755 con una diferencia de 5.849. Esta
condición se debe en mucho al retorno de las familias a
sus hogares.
Las condiciones de seguridad han permitido la
construcción y adecuación de las vías terrestres de la ruta
del sol y adecuación de la malla vial con la intervención
del gobierno nacional y departamental, generando un alto
impacto en el transporte y el turismo, los cuales
representan un factor de impulso económico en la
generación de nuevos empleos, el acceso al comercio,
minimiza los costos de transporte de personas y de carga,
no se pierde el activo de producción, el acceso a la
información y a la educación quedando aun por
desarrollar las vías terciarias para acceso al sector rural.
El estudio de la competitividad de los municipios de
Santander realizado por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga et al., (2018); permite evidenciar al
municipio de Sabana de Torres con un puntaje de 3.46
quedando en el puesto 11 dentro de 25 municipios, por
encima del valor promedio. La evaluación corresponde a
tres indicadores estimados por el DANE, el primero es la
cantidad de personas con base en el censo 2005, el
segundo el valor agregado por habitante y, por último, el
Índice de Pobreza Multidimensional que está construido
por 5 dimensiones, conformadas por condiciones
educativas, condiciones de la niñez, salud, trabajo,
condiciones de la vivienda y acceso a los servicios
públicos domiciliarios (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE, 2019). La Figura 1
permite observar los valores obtenidos y su posición con
referente a los demás municipios quedando en el 10°
puesto subiendo 2 en comparación al puesto 12° obtenido
en el año 2018.
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Figura 1. Puntaje general y posición ICM 2018-2019. Fuente: Tomado de Cámara de Comercio de Bucaramanga et
al. (2019, p. 24) .
Es de resaltar que el municipio de Sabana de Torres se
encuentra por encima del valor promedio de la tabla
general; el índice de valor agregado per cápita presentado
por el municipio de Sabana de Torres, aunque presenta
una disminución del año 2011 en 56 a 31 en el año 2015
sigue posicionándose por encima del valor promedio del
departamento.
En la Figura 2 se muestra los factores de evaluación y los
porcentajes alcanzados mostrando el posicionamiento del
municipio dado por los factores de salud, educación
básica y media y la eficiencia en el mercado financiero
en 5°, 7° y 10° puesto respectivamente.
Figura 2. Índice de competitividad municipal. Fuente: Tomado de Cámara de Comercio de Bucaramanga et al. (2018,
p. 51 ).
El índice de competitividad comparativo 2018-2019,
observa el incremento en el puntaje obtenido por el
municipio pasando de 3.75 a 3.90 respectivamente; en la
evaluación general se observa como el municipio
presenta el puntaje más alto en el factor salud con un
valor de 6.96; de este comparativo se desprenden varios
elementos, el primero, aunque leve el municipio de
Sabana de Torres ha presentado un aumento progresivo
en los diferentes factores de evaluación lo que significa
que las condiciones están dadas para la construcción y
mejoramiento del ámbito socio-económico, debiendo
fortalecer los aspectos de Instituciones, Desarrollo del
sistema financiero e investigación y dinámica
empresarial toda vez que son los que presentan puntajes
inferiores; también se puede analizar como en el 2018 los
valores dados como promedio general son inferiores a los
actuales lo que significa un mejoramiento en los
estándares y condiciones a nivel departamental; los
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cuales inciden y soportan directamente las oportunidades
de crecimiento de cada municipio. La Figura 3 muestra
el incremento en porcentaje del año 2018 al 2019 y la
ocupación del décimo puesto del municipio de Sabana de
Torres.
Figura 3. Comparativo de la Provincia. Fuente: tomado de Cámara de Comercio de Bucaramanga et al. (2019, p. 17).
Análisis delictivo
Las estadísticas delictivas del municipio de Sabana de
Torres del periodo comprendido del 2014-2019 fueron
aportadas por la (Dirección de Investigación Criminal e
Interpol, 2020).
En el aspecto de la criminalidad intervienen todo un
conjunto de factores característicos de la localidad en
estudio, el concepto de seguridad se deriva bien de la
percepción de seguridad y satisfacción de las necesidades
básicas en consideración a la realización de las
actividades diarias de forma tranquila y con altos niveles
de confianza.
En la mutación del delito como resultado de los
diferentes controles y estrategias dispuestas desde la
gestión territorial, la implementación de mecanismo para
contrarrestar las diferentes modalidades características
observadas como los lugares, horas y forma de
ocurrencia, clase de armas empleadas, así como las
características de la víctima y del victimario;
determinando las causas y factores que inciden en su
aumento para la toma de decisiones con relación a las
estrategias a través de las cuales se va a mitigar y
contrarrestar dichas acciones.
Los factores de incidencia como lo demuestra el modus
operandi delictivo actual no solo son internos y atañen a
una población específicamente; la cercanía y contacto
con otros ambientes afectan directamente los espacios
individuales, permitiendo entender la necesidad de
intervenir y participar en la solución de esas
problemáticas ajenas pero cercanas, con el fin de prevenir
que dichas circunstancias incidan de forma negativa en la
población. Es el caso del municipio de Sabana de Torres
al estar ubicado en la región del Magdalena Medio, fue
víctima de toda la violencia y actividades de terrorismo
dispuestas por los grupos al margen de la ley actores en
el conflicto armado.
En el panorama situacional, la mitigación del delito se
compone de toda una cadena de elementos que se deben
trabajar desde la gestión territorial de forma integral y
permanente, en los cuales, se visualiza la acción
participativa de los diferentes actores desde el ámbito
social, político, público y privado, contribuyendo así, al
afianzamiento de la seguridad y convivencia ciudadana.
A través del análisis se puede observar cómo después de
la realización del proceso del desminado humanitario
(Programa Institucional Nuestros Héroes, 2017), para el
año 2018 se incrementó notablemente la población del
municipio, así como el mejoramiento en la evaluación del
índice de competitividad evidenciando los factores más
débiles sobre los cuales debe trabajar la gestión
territorial, así como la disminución de los hechos
delictivos en comparación al año 2014, después de ser
declarado libre de sospecha de las minas antipersonales
hasta la fecha no se han presentado más eventos de minas
antipersonales ni de ataque por la subversión.
Conclusiones
El empleo de las minas antipersonales en el desarrollo del
conflicto armado, cambia de forma radical las
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condiciones de seguridad de toda sociedad, afecta su
desarrollo y composición, genera pérdidas humanas
afectando la unidad y sustento familiar, afectación
psicológica, pérdidas materiales, el desplazamiento a
nuevas tierras con la pérdida de los bienes y de forma
elemental el abandono por parte del Estado por no haber
garantizado las condiciones básicas de convivencia y
seguridad ciudadana.
El desminado humanitario con todos los componentes de
despeje, educación para la prevención y la atención de las
víctimas, generó un gran impacto en el crecimiento socio
económico de la población de Sabana de Torres,
municipio que tiene grandes riquezas naturales siendo
esta una fortaleza para su crecimiento, la organización y
aprovechamiento de todo su factor agrícola,
características del terreno y mejoramiento de las vías
principales y terciarias que, permiten al pequeño
agricultor la comercialización de sus productos, su
crecimiento y empoderamiento y el nacimiento de nuevas
formas de comercio mejorando la capacidad adquisitiva
familiar. Esto marcó una pauta esencial para el retorno a
casa de quienes fueron desplazados de su tierra y familia;
logrando un incremento paulatino pero progresivo en los
entandares de evaluación y se constituye en uno de los
mecanismos más activos en la reconstrucción de las
poblaciones afectadas por las minas antipersonales.
Una vez consolidado el proceso del desminado
humanitario se requiere de la integración de todos los
actores de la gestión territorial en una política de
inclusión, dando continuidad a los procesos de
transformación social en la consolidación de las
condiciones de vida digna, libertad, justicia y equidad
social.
La reconstrucción social no es una tarea fácil , obtener la
confianza en las instituciones y lograr el acercamiento de
la comunidad afectada por la violencia requiere de un
gran esfuerzo cuyos objetivos solo se verán a largo plazo
en la aplicación de prácticas y lineamientos asertivos
desde la administración Pública en coordinación con las
organizaciones y la participación ciudadana para la
consolidación de la seguridad y convivencia; estrategias
que deben obedecer al estudio de la población con
relación a las fortalezas y características propias que
permitan dar continuidad al trabajo realizado en todo el
proceso integral de desminado humanitario.
Por ello, es importante analizar los avances en cada una
de las poblaciones del departamento una vez realizado el
proceso de desminado humanitario, definiendo los
lineamientos adecuados para su crecimiento y la
participación activa de cada uno de sus integrantes.
Cabe resaltar que esta investigación estuvo limitada al
acceso primario de la información, dado la contingencia
de salud pública y distanciamiento social generado por el
COVID 19, por tanto, se sugiere que en futuras
investigación se amplié el alcance de la investigación con
la participación directa de las víctimas accediendo a datos
primarios que permitan obtener conocimiento de primera
mano sobre sus condiciones actuales y percepción ante el
proceso.
Agradecimientos
Agradecimientos a la Alcaldía y al Comando de Estación
de Policía del municipio de Sabana de Torres por la
disposición y colaboración al presente artículo.
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